Inclusión Financiera, ¿un nuevo campo de abordaje para la auditoría interna? ¿Podemos colaborar para su cumplimiento?
Por Lorena Murdocca
Inclusión y educación financiera, ejes centrales para el desarrollo
En el marco de los ODS y la agenda 2030, desde hace un tiempo, los países están estableciendo acciones y compromisos con objetivos y estrategias de inclusión y educación financiera, todas ellas enfocadas a la reducción de la pobreza, y a promover la estabilidad y desarrollo de sus sistemas financieros. En muchos casos estas acciones están plasmadas en documentos nacionales, y son la base para que el sistema financiero y las entidades financieras y bancarias, comiencen a incorporarlas e implementarlas en su propia estrategia.
En relación a la inclusión financiera, dichas acciones aspiran a promover el acceso, uso y calidad de servicios y productos financieros; en tanto que en educación financiera, el objetivo es la “implementación de iniciativas o programas que busquen desarrollar las capacidades financieras, entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de grupos poblacionales específicos” (OECD, 2005).
La estrategia debe considerarse como un instrumento eficaz para trazar un camino claro y coordinado hacia la mejora de la inclusión y/o la educación financiera que permita definir objetivos comunes, identificar retos y oportunidades y delinear un conjunto de acciones con miras al logro de los objetivos. Cuando son diseñadas e implementadas de forma adecuada, las herramientas contenidas en las estrategias tienen el potencial de proporcionar orientaciones prácticas sobre el desarrollo y la puesta en marcha de acciones específicas en pro de los objetivos establecidos.
De la idea a la acción
Tanto las estrategias como cualquier
política demuestran su solidez al
momento de su implementación.
Es en esta etapa cuando nos
enfrentamos con la llamada brecha de implementación, es el desajuste en la relación
entre lo que se decide (la política) y lo que realmente sucede (la
implementación) y, como consecuencia, los resultados que se alcanzan (el
impacto).
Es aquí, dónde, como
auditores internos tenemos un aspecto interesante para observar y acompañar, “la
diferencia entre lo que se conoce y lo que se aplica realmente”. A menudo el
origen de estas diferencias radica en que los procesos son orgánicos, y con
frecuencia se desvirtúan al producirse como resultado de decisiones tomadas,
sistemas de gobernanza creados y/o planes de acción, procesos diseñados a
puerta cerrada y tomando en cuenta a un número muy limitado de representantes.
La implementación tampoco es
neutral, ya que influye en el logro o no de los resultados, por lo general se
debe al hecho de que en los procesos de implementación participan una gran
cantidad de actores que están involucrados directa o indirectamente en la
gestión de las acciones que se toman, y cuyos intereses propios juegan un rol
preponderante en lo que respecta a su participación en el proceso que al ser
muy maleables pueden tener efectos y
consecuencias y afectar los resultados esperados. Esto implica una diferencia
fundamental entre la teoría (que es racional y lineal), la implementación, y la realidad del proceso
que suele ser incremental, y que incluye complejos procesos de negociación. Estas
problemáticas y retos representan un nuevo desafío que requiere que la
auditoría interna comience a abordar, ya que su mirada puede brindar credibilidad
en todo el proceso, considerando que este tipo de estrategias y políticas
conllevan grandes inversiones de dinero y muchas veces aportes de organismos
internacionales.
Es por eso que es necesario
hacer un esfuerzo más concentrado y colaborativo para mejorar y aumentar la
información sobre cómo se ejecutan las estrategias. La implementación de buenas
prácticas de gobierno corporativo, junto con la participación de auditorías, brindarán,
en buena medida, un marco de transparencia e integridad.
El horizonte, corto y largo plazo
Las acciones o planes de
trabajo pueden considerar o centrar la mirada en el proceso de implementación y
no solo en los resultados, evaluar si los procesos de implementación son
demasiado complejos, si existen maneras más simples de lograr los objetivos y si
el proceso de implementación ha producido beneficios para quienes hayan estado
involucrados, y si existen entornos de autorización para la toma de decisiones,
que fomentan experiencias y/o desviaciones positivas o negativas.
Realizar un correcto
diagnóstico de las poblaciones o sectores objetivo, al comienzo de la
definición de políticas y estrategias, (a través de encuestas, informes o datos
internacionales), puede identificar retos y oportunidades de forma más concreta,
y ser un puntapié para observar si las acciones y los objetivos fueron bien
delimitados para lograr de manera exitosa
la inclusión financiera deseada.
En general, la evidencia
inicial proporciona información sobre distintas variables que miden los niveles
de inclusión y educación financiera de una economía o región en un momento dado
en el tiempo, (estudios de líneas de base) y también información relacionada
con los programas e iniciativas específicas que se hayan realizado con
anterioridad, a modo de inventario.
Avanzar en la elaboración
de información estadística y desarrollar indicadores para medir los niveles de
inclusión y educación financieras mediante las medidas de inclusión y educación
financiera son un punto de especial atención, pues son la base para identificar
la evolución, el cumplimiento de objetivos y oportunidades de mejora en la
gestión. Una correcta medición puede determinar el grado de éxito de las estrategias
y políticas establecidas.
Dicho esto, para poder
establecer el éxito o no de los programas,
ya existen estudios que muestran que el hecho de “tener un producto financiero no se traduce necesariamente en un mayor
bienestar financiero, si este producto no se adapta a las necesidades del usuario
y es utilizado de forma adecuada” (Gallup, 2018). De igual manera, se sugiere
que el estado de bienestar no deriva únicamente de la tenencia de cuentas
bancarias o del acceso a crédito, sino de su uso responsable.
Por ello, las estrategias deben
tener como objetivo último promover la salud financiera, entendida como el uso
apropiado y responsable de los productos y servicios, así como de la disponibilidad
de productos que atienda a las necesidades de los individuos.
OECD brinda una serie de indicadores para analizar y realizar el seguimiento y monitoreo de las estrategias y políticas de inclusión financiera. Para una medición de las capacidades financieras la premisa es la utilización los indicadores de conocimientos, actitudes y comportamientos financieros. En tanto que si consideramos la segmentación y sus ventajas, el objetivo final es y debe ser siempre diseñar y desarrollar productos y servicios que no solo sean accesibles para las poblaciones vulnerables o excluidas, sino que también sean utilizables, de manera que respondan a las necesidades financieras específicas. Es por este, que la atención debe enfocarse en verificar si la inversión realizada estuvo asignada debidamente a proyectos bien analizados y diseñados, de manera tal que los esfuerzos y recursos sean bien empleados y asignados. El principal desafío refiere a información sobre las poblaciones objetivos y sobre las necesidades específicas y su abordaje en las estrategias, ya que muchas veces no se toma en cuenta las especificidades de estos grupos en lo que refiere a la provisión de productos y servicios financieros y la creación de capacidades.
Por lo tanto, el foco debe basarse
en mecanismos transparentes de coordinación y gobernanza, con autoridades asignadas
formalmente y mecanismos de gobierno, roles y responsabilidades claramente
definidos.
Los mecanismos de monitoreo
y evaluación de los programas son elementos claves para dar seguimiento a los
objetivos establecidos, así como definir la evolución a futuro, y verificar cumplimiento
o no de las metas, además de realizar reportes e informes sobre la evolución de
los procesos y resultados.
Todas las políticas y
estrategias de inclusión y educación financiera, requieren que se establezcan a
largo plazo y que cuenten con mecanismos que garanticen que las mismas están
protegidas ante ciclos y cambios de directrices, y que los recursos que se
asignen estén disponibles a lo largo del tiempo. Por esto el carácter de Sostenibilidad
que demandan estas iniciativas, y cuyos responsables deben asegurar, desde el
principio, el resguardo y cuidado del presupuesto. Tanto las buenas prácticas
de gobierno corporativo como la actividad de la auditoría interna deben velar
por su transparencia y efectivo cumplimiento, más aun, teniendo en cuenta el
sentido social que estas estrategias y programas conllevan en el desarrollo e
inclusión de población en situación de vulnerabilidad. Comunicar
claramente los objetivos de la estrategia a las partes interesadas, para garantizar
que todas las actividades sean realizadas en el marco de la estrategia, facilita
la evaluación de la efectividad de todas las iniciativas. Una rendición de
cuentas criteriosa y expuesta a revisiones independientes, será el broche final
para demostrar que los esfuerzos realizados han dado sus frutos.